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Revista Salvador

Juzgar a los jueces

Los miembros de la Corte de Justicia de Salta fueron demandados por desconocer la Ley de Acceso a la Información Pública y negarse a comunicar cuáles son sus haberes mensuales.

Por Gonzalo Teruel

Aunque parezca mentira y pese a que la provincia adhirió ya a la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada hace 3 años por el Congreso de la Nación, es imposible saber cuánto cobra mensualmente cada uno de los magistrados de la Corte de Justicia de Salta.

El mismísimo alto tribunal se negó a dar esa información a la organización ciudadana Salta Transparente que realizó el pedido formal y por escrito en reiteradas oportunidades y, en consecuencia, se vio obligada a presentar una demanda contra los magistrados. Con el patrocinio del abogado Roque Rueda, la demanda se presentó ya ante el juez Leonardo Araníbar de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

“El 19 de febrero hicimos un pedido formal de información a la Corte de Justicia y como no tuvimos respuesta lo repetimos el 14 de julio” precisaron desde Salta Transparente y explicaron que “ante una respuesta evasiva del tribunal, el 11 de agosto presentamos la demanda”.

“Queremos conocer los haberes que por todo concepto percibieron en los últimos dos años los jueces que la integran la Corte de Justicia y no obtenemos respuesta, es una vergüenza” aseguró el abogado Gonzalo Guzmán, titular de la entidad miembro de la Red de Organizaciones Contra la Corrupción, y enfatizó que “el pedido que efectuamos no depende de ninguna reglamentación ni de adecuaciones administrativas de ninguna especie, se trata de información que las oficinas de recursos humanos o contable del tribunal puede reunir en menos de media hora”.

Al conocer la negativa de los magistrados a informar sus haberes, el diputado nacional Martín Grande estimó que “un juez de primera instancia debe estar cobrando unos $230 mil, un camarista de segunda instancia unos $300 mil y un magistrado de Corte otros $400 mil”.

Pero, según dijo el congresista, los ingresos de los jueces del máximo tribunal provincial se incrementan por el desempeño de otras funciones como ser miembros del Tribunal Electoral o del Consejo de la Magistratura. Este último dato fue confirmado por el ex juez y actual titular de la Procuración General de la Provincia, Abel Cornejo, que en una entrevista periodística reconoció que los jueces cobran un monto mensual de $380 mil “aunque depende del rango y de la compatibilidad con otras funciones como participar en la Escuela de la Magistratura o en la Secretaría Electoral” función por la que recibirían un extra de aproximadamente $120 mil.

“Es un secreto a voces que en épocas de elecciones, por estar en el Tribunal Electoral un juez puede cobrar más de $1 millón” enfatizó el diputado Grande. En el mes de enero el diputado provincial Héctor Chibán aseguró que “un juez de la Corte de Salta gana entre 8 y 10 mil dólares por mes”. Si los legisladores exageran o no es un misterio porque, casualmente, son los propios jueces los que niegan el detalle de sus haberes.

Por la demora en los fallos y por algunas sentencias polémicas pero, sobre todo, por el oscurantismo y el secretismo de magistrados como los salteños, la ciudadanía descree de la justicia y la considera una corporación que solo atiende y beneficia a los poderosos. Solo a modo de ejemplo y elegidos al azar entre cientos de informes e investigaciones disponibles en Internet o en una hemeroteca, un par de encuestas reflejan ese malestar ciudadano frente al Poder Judicial: en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, un estudio de la consultora Voices! y del que participaron la Universidad Austral, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad de Palermo y la Universidad del Salvador calculó que “el 76% de los argentinos desconfía de la justicia” y antes, en 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, un reporte de la consultora Isonomía estimó que “el 73% confía poco o nada en la justicia”.

“Nuestra inquietud inicial de conocer un dato importante, el sueldo que perciben nuestros máximos jueces, terminó mostrando la existencia de otra necesidad aún más acuciante: hacer valer el principio republicano de que los altos funcionarios se reconozcan como iguales a los ciudadanos, sin ningún derecho a retacear la información pública que los comprende y sujetos al máximo escrutinio y control en todo lo que hace a su función” enfatizó Guzmán.

Hace ya muchos años, en 1992, víctima de un inaceptable e inconstitucional acto de censura previa por parte de la jueza María Romilda Servini de Cubría y rodeado de periodistas, artistas e intelectuales cantando “la jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay”, el inolvidable Tato Bores cerró su programa con una frase para la posteridad: desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.

Desgraciada, entonces, la generación salteña cuyos jueces Guillermo Catalano, Ernesto Samson, Fabián Vittar, Sandra Bonari, Teresa Ovejero, Pablo López Viñals, Horacio Aguilar, Alejandra Gauffín y Adriana Rodríguez Faraldo merecen ser juzgados.