fbpx
Revista Salvador

Fumar ya no es un placer

La proliferación de marcas alternativas de cigarrillos que no cumplen con el convenio de recaudación que financia la principal economía regional de Salta y Jujuy preocupa a los productores tabacaleros.

Por Gonzalo Teruel

La paralización de algunas actividades fabriles y comerciales por el aislamiento social preventivo y obligatorio, popularmente llamado cuarentena, provocó subas de precios y faltantes temporales de algunos productos en el mercado argentino.

Uno de esos productos escasos durante los meses de abril y mayo fueron los cigarrillos, debido al cierre de las fábricas procesadoras de tabaco. En los kioscos de todo el país se agotaron las tradicionales marcas y aparecieron otras hasta entonces poco conocidas para los fumadores argentinos: Rodeo, Master, Red Point, R7, Achalay, Carnival, Golden Beach, entre otras.

Una enorme cantidad de esas marcas y de esos cigarrillos ingresaron de contrabando desde Bolivia y Paraguay pese a los esfuerzos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval que realizaron incontables operativos de decomiso en distintos pasos fronterizos. El resto salió de fábricas nacionales que trabajan, según se denuncia, en la ilegalidad o en una legalidad provisoria.

Desde hace ya varios años desde la Cámara del Tabaco de Salta denuncian a esas fábricas poco conocidas. “No cumplen con los acuerdos de recaudación que rige a toda la cadena tabacalera y entonces ejercen competencia desleal porque venden cigarrillos mucho más baratos” explican.

En efecto, las grandes compañías que producen en el país tienen un acuerdo de larga data con el gobierno nacional para garantizar un nivel mínimo de recaudación: más del 80% del precio de cada paquete de cigarrillos producido por Massalin Particulares y British Tobacco (ex Nobleza Piccardo) son impuestos nacionales. Con esos recursos el gobierno financia políticas sociales y la atención en el sistema de salud pública de las personas afectadas por el consumo de tabaco y, además, sostiene la producción en las provincias del norte.

Obvio, la comercialización de cigarrillos de contrabando no paga impuestos. Pero tampoco lo hace la comercialización de los cigarrillos de estas “otras” empresas que no tienen el convenio de recaudación con los organismos fiscales y funcionan, en discutible legalidad provisoria, por autorización judicial.

Semanas atrás el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat, reiteró su preocupación y enojo por las medidas cautelares que firman algunos jueces federales “para que fabricas pequeñas de cigarrillos no paguen los impuestos regidos por ley y de donde salen recursos importantes como por ejemplo el Fondo Especial del Tabaco”.

Más aún, en mayo la entidad denunció ante la justicia a la empresa Tabes SA (con domicilio declarado en el Parque Industrial de Salta y autorizada por una medida cautelar del Juzgado Federal 2 de Salta a cargo de Miguel Medina) por incumplir con las leyes 19.800 del Fondo Especial del Tabaco y 24.674 de Impuestos Internos. Otras empresas, localizadas en otras provincias argentinas, que operan en iguales condiciones a Tabes SA son Tabacalera Sarandí SA, Esper SA y Centro Tabacalero SA.

Un cálculo conservador ubica en $50 mil millones anuales el perjuicio contra las arcas fiscales por la comercialización de cigarrillos de estas compañías sin pago de los tributos pertinentes. “Las fábricas de cigarrillos deben pagar los impuestos correspondientes por cada paquete vendido lo que hace un total de $150 mil millones anuales que el gobierno utiliza para políticas sociales y que además se envía a las provincias tabacaleras para impulsar la producción y el trabajo” explicó con preocupación Amat que motoriza una ley, ya con media sanción del Senado, para avanzar en una normativa que faculte a la Dirección General de Rentas a fiscalizar la comercialización de cigarrillos en todo el territorio provincial [Nota del Editor: entre la redacción de la nota y su publicación, la mencionada ley fue confirmada por Diputados y aguarda la promulgación del Gobernador]. “La idea es desalentar la venta de cigarrillos, cigarritos, puros, tabaco en hebras o picado para armar que son ingresados ilegalmente al circuito comercial, evadiendo el pago de tributos y los controles de calidad generando un enorme daño al erario público (solo al Fondo Especial del Tabaco) estimado en unos $1.300 millones anuales” informaron fuentes legislativas.

No es zonza la preocupación del también presidente de la Cámara de Diputados de Salta: si se masifica la comercialización y el consumo de estos cigarrillos “baratos” porque no pagan impuestos, “truchos”, “de contrabando” o “alternativos” naturalmente caerá el consumo de los cigarrillos legales y la consecuente recaudación impositiva. En consecuencia, también caerán los recursos del gobierno nacional destinados a los productores de tabaco de las provincias del norte. 

Además, ante la ahora pública y notoria existencia de estas fábricas que operan sin cumplir el convenio de recaudación, no sería extraño que Massalin Particulares y British Tobacco se presenten con sus abogados ante la justicia federal para obtener una medida cautelar que también las exima del pago de impuestos. En ese caso, los recursos federales para la principal economía regional de Salta y Jujuy serán nulos y la continuidad de la producción tabacalera se verá severamente amenazada en todas las provincias del norte.

Productores tabacaleros esperan que próximamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle, en un expediente que ya tiene en estudio, en contra de la medida cautelar que beneficia a Tabacalera Sarandí SA y sirva de jurisprudencia para todas las causas similares abiertas en distintos juzgados. Hasta tanto, fuman impacientes.